Hace unos días amanecimos con un nuevo episodio surrealista, de esos a los que nos tiene acostumbrados el actual gobierno: el presidente del INCAA, Carlos Pirovano, viaja al lujoso Hotel Hilton de Mendoza para encontrarse con la “militancia” liberal del PRO y explicar como llegó en menos de un año “Del desquicio a la libertad”.
Pirovano es economista, se ufana de no saber nada de cine ni de industrias culturales, mucho menos de documental y acervo histórico audiovisual. Su antecedente más cercano a la comunicación es haber sido colaborador de campaña de Patricia Bullrich. Hombre cercano a Sturzenegger, se desempeñó como Subsecretario de Inversiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante los mandatos de Macri. Es en esa función donde cosecha su antecedente más oscuro: su vínculo con el incendio intencional del depósito de Iron Mountain en Barracas en 2014, en el que murieron ocho personas. Pirovano estaba a cargo de los inspectores que denunciaron irregularidades en la habilitación de la empresa y tenía la potestad de clausurar los galpones, pero esos informes nunca fueron considerados.
Conduciendo los destinos del INCAA, sigue recibiendo rigurosamente, mes a mes, los fondos que el denominado “impuesto cine” recauda y la AFIP gira al instituto, como dicta la vigente Ley de Fomento de la actividad cinematográfica (17.741): la misma que lo obliga como funcionario a “ejecutar las medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina formuladas por la Asamblea Federal” (Art. 3º). Esa Asamblea, conformada por Secretarixs de Cultura de cada una de las provincias argentinas, es la que rechazó por amplia mayoría, las dos veces que fue convocada este año, las resoluciones de Pirovano que impiden que el INCAA cumpla sus objetivos legales. El funcionario desobedece este mandato.
Por un lado, Pirovano miente alevosamente cuando despliega una estrategia de comunicación que habla de “cuidar el dinero del contribuyente, potenciando el talento”. No existen “contribuyentes del INCAA”, puesto que el fondo de fomento se integra con un procentaje de los ingresos de las entradas de cine, parte de la recaudación de publicidad proveniente del ENACOM y un porcentaje “sobre el precio de venta o locación de todo tipo de videograma grabado” (Art. 21). Es un ingreso que genera la propia actividad audiovisual: el dinero surge de la exhibicion de las películas.
Por otro lado, vuelve a mentir cuando habla de transparencia y libertad: los hechos de censura y listas negras en el ámbito de la cultura de esta gestión han tomado estado público, a partir de las denuncias del realizador Goyo Anchou y otros. Por si fuera poco, Pirovano no se priva de expresar que “el cine político no tendrá lugar en este INCAA” (léase: el cine con una perspectiva política con la que el gobierno no acuerde). Y la virtual suspensión de la vía digital documental impone una censura de facto: si se impone el proyecto liberario en el INCAA no se podrán filmar documentales de bajo presupuesto elegidos por jurados independientes.
La presentación de Pirovano en Mendoza es un capítulo más de un presente de impunidad y engaño. Pirovano miente. ¡Fuera Pirovano del INCAA!
